Sociedades científicas

La situación no tiene explicación desde el punto de vista clínico, según aseguran las sociedades científicas. “Ya tenemos resultados en la práctica clínica. En condiciones normales los anticoagulantes orales dan mejores resultados que los tratamientos que había hasta ahora; es decir, son coste-eficiente”, asegura Diego Vargas, vicepresidente de la SEMG. El experto, además, critica la doble vara de medir de las administraciones cuando promulgan “calidad asistencial y no potencian las herramientas y terapias que la aseguran”.

Si el criterio científico es claro, con resultados positivos tras la práctica clínica, ¿cuál es el problema? Económico. El precio de estos fármacos, ligado a las políticas de ajuste del gasto farmacéutico resultantes del ajuste del déficit, hace que las comunidades autónomas pongan diversas trabas. “Frente al tratamiento estándar, que está superado, no se prescriben... Se debería dar hasta a los que están controlados con tratamientos anteriores y esto es lo que más preocupa a la Administración”, explica Gil, quien añade que hay otras patologías con medicamentos más caros (en alusión a la hepatitis C) que se han terminado suministrando. “Tenemos cuatro moléculas con ventajas en hemorragia cerebral; son medicamentos seguros pero con alto precio económico. Debería ser el Consejo Interterritorial el que proporcione consenso”, se lamenta Nieves Tarín, presidenta de la Sociedad Castellana de Cardiología.

La falta de liderazgo del ministerio y las dificultades de cada comunidad autónoma son las que provocan, sobre todo, las inequidades en el acceso. Pero existe un documento cuya naturaleza no es vinculante desde el punto de vista legal aunque sí debería serlo desde el punto de vista clínico: el Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT). AMAC ya ha solicitado en más de una ocasión a la Comunidad de Madrid que aplique este documento.

El informe de los Anticoagulantes Orales de Acción Directa en la prevención del ictus y la embolia sistémica de pacientes con Fibrilación Auricular no Valvular (FANV) establece una serie de criterios de uso que no se cumplen en todas las comunidades, incluida la Comunidad de Madrid. Esta situación trae como consecuencia que la introducción de los ACOD en la práctica asistencial de este territorio no avance a un ritmo óptimo, ocasionando un perjuicio directo en resultados en salud a los pacientes. “Tenemos un marco legal —que es este IPT— para usar estos fármacos y no hacerlo es un fracaso de la estrategia de prevención”, sentencia Vargas.

Pero incluso este Informe actúa como barrera de acceso. Según Egocheaga, los medicamentos salieron con una ficha técnica que quedó restringida con el IPT. Posteriormente, las comunidades también establecen sus propias condiciones de prescripción. “Tengo más pacientes prescritos con receta privada que a cargo de la financiación pública”, asevera la médico. Es decir, el profesional es consciente de las ventajas de suministran estos medicamentos pero la administración se ampara en limitaciones económicas para tratar de reducir al máximo el impacto de su dispensación a los pacientes que lo necesitan.

La gestión desde Atención Primaria

La monitorización y el seguimiento del paciente anticoagulado recae sobre los profesionales de Atención Primaria. Éstos, además de pedir un esfuerzo formativo adicional al que ya poseen, piden el fin de las restricciones hacia estos medicamentos. “Si somos nosotros los que vamos a gestionar esta patología deberíamos poder prescribir los anticoagulantes orales”, reclama Vargas, al tiempo que Gil recuerda que “dejar atrás las viejas terapias es necesario”. Desde los pacientes explican que su primera ventana es la de Atención Primaria y critican que en la Comunidad de Madrid exista “tanta variabilidad entre direcciones asistenciales”. Además, Ortiz también pide a la administración que invierta en formación para los pacientes porque “en este momento es la industria farmacéutica la que la financia”. Por otro lado, los profesionales también avisan de la carga asistencial que tendrán que soportar para supervisar a estos pacientes. “Hay muchas personas que tratar”, resume Egocheaga.

Los antivitamina k llevan asociados una monitorización y seguimiento elevados que para los expertos se traduce en costes al sistema. Algunos de los profesionales reunidos en este café de redacción, además del representante de los pacientes, tienen confianza en que la situación mejore en la Comunidad de Madrid. “Me han prometido cambios para estas Navidades”, explica Gil. Los pacientes también albergan esperanzas pero aseguran que redoblarán su actividad al más alto nivel. “El consejero sabe el problema de acceso que sufrimos con estos fármacos porque son rechazados por la inspección. Me gustaría que la presidenta, Cristina Cifuentes, se enterase de que necesitamos ayuda para darle la vuelta a esta situación”, añade Ortiz.

El objetivo primario tanto de profesionales como de pacientes es conseguir que la Comunidad de Madrid alcance esa media nacional del 22 por ciento. Pero eso es sólo un primer peldaño. En el horizonte está que los Anticoagulantes Orales de Acción Directa no sean medicamentos bajo la estricta mirada de la administración sino que sean los médicos los que libremente decidan qué pacientes son los que los necesitan para poder afrontar con mayores garantías sus patologías.

Fuente: Gaceta Médica/ Wecare- U