En el marco del Día Nacional del Paciente Anticoagulado la Asociación de Pacientes Anticoagulados y Cardiovasculares (AMAC) destaca que en España, según datos estimados por la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (FEASAN) existen más de 800.000 pacientes que siguen tratamientos anticoagulantes para prevenir tromboembolismos venosos y arteriales, en particular la prevención del ictus cerebral y la embolia pulmonar. Sin embargo, las cifras de prescripción de los Anticoagulantes Orales de Acción Directa (ACOD), que actualmente se manejan en España se encontrarían en torno al 21%[1]. A pesar de la evidencia científica, existen grandes diferencias en los criterios y recomendaciones de uso de los ACOD entre las diferentes comunidades autónomas españolas, lo que genera desigualdades entre los pacientes de un territorio u otro, especialmente en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Juan Manuel Ortiz Presidente de AMAC destaca que un tercio de los pacientes madrileños anticoagulados no consiguen un control óptimo de su riesgo trombótico con los tratamientos anticoagulantes clásicos[2]. “Se trata de pacientes prioritarios, es decir, aquellos con alto riesgo embólico, que no están bien anticoagulados con los antagonistas de la vitamina K y, por tanto, son pacientes expuestos a un mayor riesgo de sufrir graves complicaciones como ictus, ya que no están bien protegidos con el tratamiento que utilizan”.

Tal como se ha venido discutiendo desde hace meses, el Informe de Posicionamiento Terapéutico de los Anticoagulantes Orales de Acción Directa en la prevención del ictus y la embolia sistémica de pacientes con Fibrilación Auricular no Valvular  (FANV), emitido por la AEMPS, establece una serie de criterios de uso, que no se cumplen en todas las comunidades, incluida la Comunidad de Madrid. Esta situación trae como consecuencia que la introducción de los ACOD en la práctica asistencial de nuestra Comunidad no avance a un ritmo óptimo.

En este sentido Juan Manuel Ortíz expuso que “las comunidades autónomas tienen competencias propias para interpretar a su criterio este informe, ocasionando grandes inequidades entre unas comunidades y otras, como el caso del 13% de prescripción en la Comunidad de Madrid en comparación del  29,4% de tratamientos prescritos con ACOD en Cantabria”. El presidente de AMAC agregó que la mayor exigencia en el marco del Día del Paciente Anticoagulado, es que se aplique el IPT en la Comunidad de Madrid tal como lo expresamos durante la presentación del Manifiesto del Paciente Anticoagulado.

Con respecto al tratamiento con los ACOD, los antivitamina k conllevan costes de monitorización y seguimiento elevados para el sistema. Los pacientes tenemos confianza en que la situación mejore, sin embargo nos mantendremos activos al más alto nivel. Por su parte, el Consejero de Sanidad Jesús Sánchez Martos conoce el problema de acceso al que nos enfrentamos con estos fármacos. Asimismo, nos gustaría elevar nuestra reivindicación a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes para que conozca la situación.

Actualmente las condiciones de Madrid se basan en recomendaciones realizadas en el año 2011, por la Subdirección General de Contratación y Compras de Medicamentos y Productos Sanitarios de la Comunidad de Madrid, previo a que se publicara el IPT de la AEMPS. Desde entonces no se ha llevado a cabo ninguna actualización, suponiendo un retraso del 16% frente a un 22% en otras comunidades autónomas de España, según datos de la Federación Española de Anticoagulados (FEASAN), en la aplicación de estos tratamientos.

El objetivo primordial es lograr que la Comunidad de Madrid alcance la media nacional del 22% y que sean los médicos los que libremente decidan qué pacientes son los que los necesitan estos medicamentos para poder afrontar con mayores garantías sus patologías. Desde AMAC esperamos que se garantice que todos los pacientes anticoagulados y cardiovasculares de esta Comunidad tengan el mismo acceso en equidad, diagnóstico, tratamiento y atención socio-sanitaria de calidad que requieren, de acuerdo a las condiciones previstas en el Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) que ha sido elaborado y aprobado por las instituciones sanitarias nacionales y autonómicas y que otras comunidades aplican.