En España, según datos estimados por la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (FEASAN ) existen más de 800.000 pacientes que siguen tratamientos anticoagulantes para prevenir tromboembolismos venosos y arteriales, en particular la prevención del ictus cerebral y la embolia pulmonar. Sin embargo, las cifras de prescripción de los Anticoagulantes Orales de Acción Directa (ACOD), anteriormente NACOs, que actualmente se manejan en España se encontrarían en torno al 21%[1]. A pesar de la evidencia científica, existen grandes diferencias en los criterios y recomendaciones de uso de los ACOD entre las diferentes comunidades autónomas españolas, lo que genera desigualdades entre los pacientes de un territorio u otro, especialmente en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid.

El Informe de Posicionamiento Terapéutico de los Anticoagulantes Orales de Acción Directa en la prevención del ictus y la embolia sistémica de pacientes con Fibrilación Auricular no Valvular  (FANV), emitido por la AEMPS, establece una serie de criterios de uso, que no se cumplen en todas las comunidades, incluida la Comunidad de Madrid. Esta situación trae como consecuencia que la introducción de los ACOD en la práctica asistencial de nuestra Comunidad no avance a un ritmo óptimo, ocasionando un perjuicio directo en resultados en salud a los pacientes.